Elementos de provas no processo penal e combate ao crime organizado: por uma leitura constitucionalmente adequada da tendência de relativização de direitos e garantias fundamentais

Abstract

El fenómeno conocido como crimen organizado ya hace algún tiempo causa considerable inquietación en la populación, desafiando los Estados nacionales y, suscitando, en que concierne al Derecho y Proceso Penal, bien como a los derechos y garantías fundamentales, profundas y nuevas cuestiones de difícil solución. Las diversas formas de actuación de las organizaciones criminosas, muchas veces cargadas de violencias, sagacidad y sofisticación tecnológica, si, por un lado, levanta la necesidad de respuestas estatales duras, por otro llama el equilibrio y la ponderación por parte del legislador en el plan de formación de las leyes y del aplicador cuando en el momento de su aplicación a la infinidad de casos concretos, de forma que los derechos y garantías fundamentales individuales no tengan sus limites transpuestos de manera arbitraria. Tales querellas si muestran por veces mas visibles en la disciplina de las pruebas como medio de combate al crimen organizado, sea por el facto de tales asociaciones incluyeren en sus actividades la “cultura de la supresión de las pruebas”, eliminando testigos, restringiendo conversaciones telefónicas, destruyendo los más variados documentos, etc., por lo cual si muestra esencial que las instituciones estatales competentes dispongan de mecanismos aún más eficaces de obtención de pruebas, sea por el facto de esa necesaria eficacia/eficiencia en muchos casos si chocar con valores de protección al individuo, a la persona, constitucionalmente proclamados. Así, tiene el presente estudio el escopo de analizar en que medida puede el Estado, por medio de sus instituciones investigativas y judiciales, actuar de manera a relativizar derechos y garantías fundamentales como forma de más efectividad de la Ley Penal y Procesal Penal, especialmente en lo que si refiere a algunos medios “inteligentes” de obtención de pruebas, en el combate a las organizaciones criminosas en Brasil. Si verifica la pertinencia del presente estudio delante el facto del día-día si observar el vertiginoso crecimiento de las actividades desarrolladas por el crimen organizado y el conflicto entre los derechos y garantías fundamentales de aquellos sujetos investigados y procesados por sus prácticas y los también derechos fundamentales de la sociedad de tener seguridad, educación, saneamiento, salud, etc., derechos estos que, a medio y longo plazo, sufren las consecuencias de la actuación del crimen organizado. En ese diapasón, delante el facto de que los actuales medios de obtención de pruebas en el proceso penal brasileño ya no se muestran como suficientes para una efectiva persecución criminal y su consecuente producción de pruebas con vistas a la efectividad de la aplicación de la Ley penal, si analiza las posibilidades constitucionales de relativización de derechos y garantías fundamentales de los altos miembros del crimen organizado como forma de promoción de la justicia penal calcada en el respecto al núcleo esencial de los derechos y garantías fundamentales de los referidos sujetos. A pesar del sistema de investigación criminal en el combate al crimen organizado prever algunos instrumentos “inteligentes” de investigación, los mismos no han sido utilizados a contento, una vez que, supuestamente, serían instrumentos que dañan derechos y garantías fundamentales de los sujetos investigados y procesados. En ese ínterin, el presente trabajo si propone inicialmente a localizar la imperiosa necesidad, para tanto, una detallada localización de sus varias actuaciones por los diversos países del mondo y por Brasil, con la intención de demostrar la real tendencia del combate a las organizaciones criminosas, por medio de medidas restrictivas de derechos y garantías fundamentales, bien como la necesidad de que tales medidas sean implementadas, sea por el legislador, sea por el aplicador de la norma en el caso concreto, de manera a siempre asegurar el núcleo esencial de derechos y garantías fundamentales de los investigados y procesados por medio de una análisis de proporcionalidad que deberá siempre ser hecha en cada caso concreto. Así, si ve la necesidad de encontrar un punto de equilibrio y neutralidad entre tales derechos, no pudiendo uno o más derechos fundamentales si mostraren como óbices a la efectivación y plena concretización de otros, o sea, no si debe combatir la criminalidad organizada sin cualquier cautela, con respecto a la preservación de los derechos y garantías individuales que, a duras penas fueron conquistados a largo de la historia de la humanidad. Frente al todo anterior, la investigación si desarrolla por medio de una metodología crítico-metodológica, apuntando positivamente la posibilidad de la relativización de derechos y garantías fundamentales de los sujetos investigados y procesados por envolvimientos con el crimen organizado, desde que siempre sea preservado el núcleo esencial de derechos fundamentales, propiciando, con esto, una mejor conformación entre las tendencias restrictivas de expansión del derecho penal y procesal penal como forma de busca por la mejor efectividad en la aplicación de la Ley penal con los derechos y garantías fundamentales fincados en la Carta Política de 1988 con base en el todo derecho y fundamento de la democracia brasileña.